El incremento de los conflictos socioambientales se han incrementado en número y en intensidad debido a la falta de acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras, asimismo debido al crecimiento de las concesiones mineras sin considerar la consulta previa y la participación ciudadana.
Además de la falta de una política gubernamental que controle esta actividad, actualmente existe poca rigurosidad para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y hay una inacción frente a los problemas ambientales, y el acceso a canales institucionales de reclamos por parte de la población afectada, así lo señala el IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
El país registró 273 conflictos sociales en junio, de los cuales un 83% continúa activo y concentrado mayoritariamente en temas sociombientales vinculados a la actividad minera. Considerando que en junio del año pasado el informe defensorial reportaba 132 conflictos, lo que significa que, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras.
Resalta el informe del OCM que la actividad minera transfronteriza es otro foco de conflicto, por ejemplo en la frontera amazónica con Ecuador están presionando las áreas naturales protegidas, sobre todo aquellas donde residen las comunidades nativas. En el caso de Piura, la presencia de Río Blanco no sólo estaría del lado peruano de la frontera norte, sino también del lado ecuatoriano: RIOBLAN en Ecuador, pertenece al grupo Monterrico Metals, matriz de Río Blanco y cuyo accionista mayoritario es Zijin.
Otro de los factores que incrementa el conflicto es la falta de coordinación por parte del gobierno central con los gobiernos regionales y locales, sobre la viabilidad de la entrega de concesiones mineras, éstas toman conocimiento de las concesiones cuando la empresas mineras empiezan a desarrollar sus actividades de exploración. En muchos casos ocupan territorios de comunidades indígenas y campesinas sin permisos de la comunidad.
Asimismo, las concesiones se vienen dando en zonas ambientalmente frágiles y de importancia nacional. Esta situación ha generado preocupación, por los graves riesgos que ello implica. Las concesiones mineras se vienen dando en zonas de ecosistemas frágiles, bosques de neblina, nacientes de importantes cuencas, entre otros sistemas que prestan importantes servicios ambientales al país.
El Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, José De Echave, explicó que la cantidad de concesiones mineras aumentaron, de 17 millones de hectáreas, correspondientes al último semestre del año pasado, a más de 19 millones de hectáreas en el primer semestre de este año.
El informe realizado en cinco regiones: Junín, Cajamarca, Piura, Apurímac, y Cuzco durante el primer semestre de 2009.
Junín:
En Junín, el 22,8% del territorio está en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico La Oroya donde se encuentra la empresa Doe Run Perú (DRP). El caso Doe Run ha pasado a ser crítico, no sólo debido a los nocivos impactos que genera en el ambiente y en la salud de la población de La Oroya, sino a la crisis financiera por la que atraviesa y que hasta la fecha no ha encontrado una solución, sostiene el informe.
Jose De Echave manifestó su preocupación por la falta de transparencia y el acceso a la información, haciendo referencia al cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM, en la que se establecieron los compromisos y los plazos que debían cumplirse en la ejecución del PAMA. Esta norma establecía la prohibición para DRP de efectuar pagos o contraer obligaciones con accionistas o empresas vinculadas.
“¿Quién ha verificado que efectivamente DRP haya cumplido con esta obligación? ¿Quién ha verificado que las utilidades obtenidas durante los últimos años no hayan sido en parte remesadas a su matriz en EEUU? De acuerdo a información del propio MINEM el cumplimiento de esta obligación se verificarían mediante informes de una auditora financiera Pricewaterhouse. ¿Dónde están estos informes? Los mismos deben hacerse público dado que los mismos buscaban garantizar el cumplimiento del PAMA”, sostiene De Echave.
Cajamarca:
En Cajamarca el 44,67% del territorio esta concesionado, acá se encuentra operando la minera Yanacocha, el yacimiento aurífero más importante de Latinoamérica. Los vacíos en las políticas ambientales del sector público y un marco normativo inapropiado son causas subyacentes de las tensiones y conflictos provocados por la actividad minera en Cajamarca.
En el último semestre 2009, se han identificado conflictos por accidentes ambientales en Hualgayoc. Miles de metros cúbicos de aguas de relaves mineros al río Hualgayoc-Arascoorgue, afectando con ello el agua, justamente un tema sensible en la zona.
Denuncia el informe el tráfico de tierras y agresivas campañas de compra de tierra a precios irrisorios, cuyos fines se desconoce. Falsificación de firmas y obtención de permisos fraudulentos por parte de representantes de la empresa Minera Anglo American. Finalmente, Corrupción en la ex Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), otorgan permisos para el uso de agua para actividades mineras.
Piura:
El 26,16% de su territorio esta concesionado, en esta región se encuentra el Consorcio Chino Zijin responsable del proyecto Río Blanco. Según el periodo analizado por el OCM, el gobierno otorgó facilidades a la empresa minera Zijin, para que acceda a 27 nuevas concesiones mineras; las cuales sumadas a las 8 llegarían a las 35, comprendiendo un área de cerca de 29,000 hectáreas. Lo que consolidaría la afirmación de que en la zona se pretende establecer un distrito minero, que tendría, ahora, como titular directo al Consorcio chino Zijin.
El informe denuncia las violencias y agresiones surgidas por la presencia de la ONG Integrando en Ayabaca y Huancabamba, vinculada al Grupo Romero (a través de Alicorp), el mismo que tienen intereses en la realización del proyecto Río Blanco (contrato de opción con Agroindustrias Las Huaringas S.A.), viene generando algunos problemas con los comuneros.
Cusco:
El 15,8% de su territorio concesionado. Según el OCM enn el primer semestre del año, se presentan varios ejes de conflicto en la región. En primer lugar están las protestas provocadas por la publicación de la nueva Ley de Recursos Hídricos, aprobada mediante Ley Nº 29338. Lamentablemente la dación de esta norma no soluciona muchos de los problemas que plantearon los precedentes decretos legislativos (Nº1081 y 1083). Algunos de los problemas identificados en estas normas son: 1) la desaparición de las autoridades autónomas de cuenca; 2) la debilidad de los consejos de cuenca; 3) la posibilidad que la autoridad nacional de agua pueda delegar sus funciones, incluso a particulares.
Asimismo se vienen dando negociaciones individuales con los propietarios de terrenos sin buscar acuerdos equitativos.
Apurímac:
El avance de las concesiones sigue siendo un tema importante en Apurímac donde opera la minera Xstrata con el Proyecto Las Bambas: en la actualidad las mismas alcanzan el 53,68% del territorio de toda la región, justamente en el proyecto minero Las Bambas se han identificado algunos problemas en los permisos de acceso de tierras comunales. Asimismo, se han identificado afectaciones a fuentes de agua como manantes (bofedales) en la zona de influencia del proyecto.
Recomendaciones del OCM:
El respeto de derechos de las poblaciones de las zonas de influencia minera, lo que requiere que las empresas incluyan un enfoque intercultural en sus políticas de relaciones comunitarias.
El acceso a información por parte de la población; la misma debe darse de manera previa al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas, debe ser culturalmente adecuada (por ejemplo, en el idioma de la población) y debe ser accesible.
Las empresas mineras deberían sacar lecciones de anteriores experiencias de negociación individual y se debería buscar generar una mayor transparencia en los procesos que emprenden, a fin de evitar entrampamientos innecesarios y futuros conflictos.
Las concesiones otorgadas por el Gobierno deben tomar en cuenta el derecho de las poblaciones poblaciones y la cantidad de proyectos en una misma zona, así como la necesidad de una consulta previa y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
El Gobierno debe realizar cambios sustantivos a su política de promoción de las inversiones mineras para evitar que sigan aumentando los conflictos sociales.
Empoderamiento de los gobiernos regionales y locales para prevenir y resolver los conflictos socioambientales; y así descentralizar en forma efectiva la resolución de los conflictos socioambientales.
Fuente: Diario El Regional de Piura http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2009/julio_2009/julio_21/nacionales_21a.htm
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